Las familias buscan explicaciones, los jueces piden cuentas y el gobierno cierra las puertas. Dentro de la crisis de muertes en los centros de detención de ICE.
Un récord que nadie debería querer romper
En 2025, 31 personas murieron bajo custodia de ICE — la cifra más alta en más de dos décadas. El año 2026 está en camino de superarlo. Al 21 de marzo de 2026, la cifra de muertes conocidas durante la administración Trump había llegado a 42. Una cada cuatro días, según el análisis de un investigador de la Universidad de Syracuse. Hace apenas tres semanas, el ritmo era uno cada seis días. La cifra se está acelerando.
Casi 70,000 personas están hoy detenidas en centros de detención de inmigración en todo Estados Unidos — más que en cualquier otro momento de la historia del país. La administración Trump planea seguir expandiendo esa capacidad, convirtiendo almacenes industriales en nuevos centros con capacidad de hasta 10,000 personas cada uno.
Y mientras el número de detenidos sube, la cifra de muertos sube con él.
Las muertes que pusieron al sistema bajo la lupa
Las últimas semanas han sumado más nombres a una lista que ya era alarmante.
El 21 de marzo de 2026, Mohammad Nazeer Paktyawal, un solicitante de asilo afgano de 41 años que había trabajado con las fuerzas especiales estadounidenses en operaciones militares en su país, murió bajo custodia de ICE en Texas. Días antes, Royer Pérez-Jiménez, de apenas 19 años, murió en lo que ICE describió como un “presunto suicidio” en una instalación en Florida. Era el más joven en morir bajo custodia de ICE desde que Trump regresó a la Casa Blanca.
Pero el caso que más ha sacudido al país es el de Geraldo Lunas Campos, de 55 años, ciudadano cubano que murió el 3 de enero de 2026 en Camp East Montana, el campamento de detención construido en Fort Bliss, Texas. ICE primero dijo que había muerto tras experimentar “angustia médica.” Luego dijo que el personal había intentado salvarle la vida durante un intento de suicidio. Pero el médico forense del condado de El Paso determinó que la muerte fue un homicidio: la causa fue “asfixia por compresión del cuello y el torso” mientras era sujetado por guardias, junto con múltiples otras lesiones. Fue la primera determinación de homicidio vinculada al personal de ICE en al menos 15 años.
Días después, el 14 de enero, Víctor Manuel Díaz, de 36 años, nicaragüense detenido en un suburbio de Minneapolis, fue encontrado sin respuesta en una clínica médica dentro de Camp East Montana. ICE describió su muerte como un presunto suicidio. Pero la familia no cree esa versión: según su abogado, Díaz no estaba deprimido y estaba a punto de ser deportado a Nicaragua, donde lo esperaban su madre y sus dos hijos de 10 y 15 años.
La opacidad como política
Lo que une a casi todos estos casos no es solo la muerte — es la imposibilidad de saber qué ocurrió realmente.
Cuando Campos murió, el médico forense local del condado de El Paso condujo la investigación y emitió el dictamen de homicidio. Cuando Díaz murió días después, ICE decidió que la autopsia no sería realizada por las autoridades locales sino por el ejército. El abogado de la familia preguntó en voz alta lo que muchos se preguntan: ¿por qué el gobierno federal — una de las partes involucradas — estaría a cargo de investigar la muerte de uno de sus propios detenidos?
“El condado de El Paso es una parte desinteresada. El gobierno de los Estados Unidos es una parte interesada”, dijo el abogado Randall Kallinen al diario The Guardian.
La congresista Verónica Escobar, que representa a El Paso y ha visitado Camp East Montana en múltiples ocasiones, dijo tener entendido que existe video de la muerte de Campos — pero que las autoridades no lo han divulgado. “No tengo ninguna fe en que la Oficina de Responsabilidad Profesional del DHS vaya a ser transparente sobre este homicidio”, declaró.
Más allá de los casos individuales, el patrón es sistemático. ICE está legalmente obligado a reportar las muertes bajo su custodia dentro de los 90 días. Varios reportes llegaron tarde. Uno, relacionado con una muerte en Missouri, llegó 35 días después del límite legal. En muchos casos, las familias esperan meses sin recibir información básica sobre las circunstancias en que murió su familiar.
El senador John Hickenlooper, junto con 21 colegas del Senado, envió una carta formal al DHS exigiendo respuestas y denunciando que la agencia ha requerido que los congresistas avisen con siete días de anticipación antes de visitar centros de detención — una política que un tribunal federal recientemente bloqueó por ser ilegal.
Las historias detrás de los números
Cada muerte tiene un nombre, una historia y una familia que busca respuestas.
Emmanuel Damas, de 56 años, haitiano, murió el 2 de marzo de 2026 en una instalación en Florence, Arizona, después de reportar un dolor dental severo. Los senadores de Massachusetts Ed Markey y Elizabeth Warren, junto con la congresista Ayanna Pressley, le enviaron una carta al DHS afirmando que “el fracaso de ICE en brindar atención médica oportuna al señor Damas parece haber contribuido al deterioro de su condición y a su trágica muerte.” El DHS no respondió.
Huabing Xie, de 53 años, chino, colapsó en el centro de procesamiento de Adelanto, California, el 29 de septiembre de 2025. Una enfermera notó actividad cardíaca anormal y se fue a buscar autorización para trasladarlo al hospital. No regresó por casi 45 minutos. Xie murió de un ataque al corazón. El DHS no abordó la ventana de 36 minutos mencionada en el informe de autopsia.
Ismael Ayala-Uribe, mexicano, se quejó de dolor rectal severo durante tres semanas en la misma instalación en Arizona. Según el informe de autopsia del médico forense del condado de San Bernardino, la familia declaró que el centro de ICE “no le brindó atención médica y solo le administraba Tylenol.” Cuando finalmente fue llevado a un hospital, el 21 de septiembre de 2025, el personal encontró un absceso que requería cirugía. Ayala-Uribe murió antes de que pudiera realizarse.
Francisco Gaspar-Andrés, de 48 años, guatemalteco, llegó a ICE con problemas de hígado documentados desde su primer día de detención en septiembre de 2025. Durante los dos meses siguientes, se quejó de encías sangrantes, dolores corporales, insomnio, sangrado rectal, reflujo, dolores de cabeza y otros síntomas. No fue enviado a un hospital hasta el 19 de noviembre — cuando ya era demasiado tarde. Cuando su cuerpo llegó al médico forense de El Paso, pesaba 56 kilos. Murió el 3 de diciembre.
Lo que dice el gobierno — y lo que dice la evidencia
El DHS respondió a las preguntas del Guardian con una declaración que descartó cualquier aumento anormal en las muertes, citando una tasa de mortalidad del 0.009% de la población detenida, sin proporcionar la fuente del dato. “Para muchos inmigrantes ilegales, esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”, afirmó el portavoz sin nombre.
Sin embargo, los datos disponibles cuentan una historia diferente. En 2022, tres personas murieron bajo custodia de ICE. En 2023, siete. En 2024, once. En 2025, 31 — el máximo en más de veinte años. Y 2026 ya va camino de superar ese récord.
El senador de Georgia Jon Ossoff documentó más de 1,000 reportes creíbles de abusos de derechos humanos en centros de detención entre enero de 2025 y enero de 2026, en instalaciones distribuidas en 28 estados y Puerto Rico. La administración no ha respondido cinco cartas formales de supervisión del Congreso.
Seis suicidios en 13 meses
Uno de los aspectos más perturbadores de la crisis es el número de suicidios. Han ocurrido seis muertes por suicidio bajo custodia de ICE en los últimos 13 meses — la cifra más alta en un período equivalente en los últimos ocho años, según los registros del gobierno disponibles.
En algunos casos, las familias cuestionan abiertamente esa conclusión. La madre de Brayan Garzón-Rayo, colombiano de 27 años que murió en una cárcel del condado de Missouri en abril de 2025, dijo a la radio pública de St. Louis que su hijo “no tenía razones para quitarse la vida.” El registro de ICE sobre su muerte muestra que en su evaluación de ingreso había negado tener pensamientos suicidas — y que dos días después dio positivo para tuberculosis y COVID-19, y se quejó de dolor de cabeza severo, dolores corporales y sudoración. Su cita con salud mental, programada para días después, fue reprogramada debido a su diagnóstico de COVID.
La familia de Víctor Manuel Díaz también rechaza la versión oficial: “No tenía el impulso de quitarse la vida”, dijeron a la Associated Press.
El laberinto que enfrentan las familias
Para las familias de los fallecidos, el proceso de obtener información es una pesadilla burocrática.
Deben navegar entre múltiples agencias federales, médicos forenses y coroners locales, instalaciones cerradas al público, contratistas privados que operan los centros, y en algunos casos la policía local. Cada uno tiene reglas distintas sobre qué información puede divulgarse y a quién.
En Missouri, por ejemplo, la ley estatal no especifica si los informes de autopsia son registros públicos — dejando la decisión a la discreción de cada coroner local. En algunos condados los liberan; en otros los niegan. El resultado es que familias de diferentes estados que perdieron a un ser querido bajo circunstancias similares pueden terminar con niveles de información completamente distintos.
“Cuando las leyes de registros públicos estatales guardan silencio o son ambiguas sobre una categoría particular de registros, el acceso puede terminar dependiendo de la práctica local o la discreción de funcionarios individuales”, explicó Jonathan Peters, profesor de derecho y periodismo en la Universidad de Georgia.
Lo que viene
La congresista Escobar lo resumió con claridad: “El gobierno federal está fallando miserablemente, ya sea por incompetencia o por una crueldad y negligencia absolutas.”
La situación es difícil de revertir en el corto plazo. ICE recibió miles de millones de dólares en nuevo financiamiento el verano pasado, sigue expandiendo la capacidad de detención, y la administración ha sido consistente en rechazar las caracterizaciones de “condiciones inhumanas” como falsas.
Mientras tanto, las muertes siguen. Y las familias siguen esperando.
“Poner a alguien en detención migratoria no debería equivaler a una sentencia de muerte. Pero ese es un riesgo creciente, dado que el año pasado vimos un número récord de personas morir en detención por negligencia, abuso o atención médica tardía”, dijo Rebekah Wolfe, directora de la Campaña de Justicia para Inmigrantes del Consejo Americano de Inmigración.
Fuentes
- Justin Glawe, Record Deaths in US Immigration Custody Expose Systemic Failures, The Guardian, 21 de marzo de 2026. https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/21/ice-deaths-trump-administration
- NPR, Deaths in ICE Custody Already Surpass Last Year’s Total, 10 de marzo de 2026. https://www.npr.org/2026/03/10/g-s1-111238/immigration-detention-deaths-custody
- American Immigration Council, 6 Deaths in ICE Custody and 2 Fatal Shootings: A Horrific Start to 2026, 11 de febrero de 2026. https://www.americanimmigrationcouncil.org
- Al Jazeera, US Witnessed Many ICE-Related Deaths in 2026. Here Are Their Stories, 27 de enero de 2026. https://www.aljazeera.com
- Senator Jon Ossoff, U.S. Immigration Detention Oversight Report, enero de 2026. https://www.ossoff.senate.gov
- Senator John Hickenlooper et al., Letter to DHS Secretary Kristi Noem on Deaths in ICE Detention, enero de 2026. https://www.hickenlooper.senate.gov
- WOLA, U.S.-Mexico Border Update: Detention Deaths, DHS Appropriations, ICE Warrants, enero de 2026. https://www.wola.org
- Detention Watch Network, 4 ICE Detention Deaths in Just 10 Days into the New Year, enero de 2026. https://www.detentionwatchnetwork.org
- Wikipedia, List of Deaths in ICE Detention (actualizado al 15 de marzo de 2026). https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deaths_in_ICE_detention
- American Immigration Lawyers Association, Deaths at Adult Detention Centers. https://www.aila.org
