Una corte federal de apelaciones dictaminó que los inmigrantes que han vivido en Estados Unidos durante años no pueden ser retenidos sin fianza de manera indefinida, y tienen derecho a una audiencia en la que el gobierno debe justificar su detención continua.
Lo Que Decidió la Corte
El 2 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos falló en el caso Sosnava Rodriguez v. Ortega, consolidado con otros dos casos relacionados, Villegas Angel y Gomez Alvarado. En una decisión de 2 a 1, la corte confirmó la liberación de tres hombres que habían vivido en Estados Unidos por más de una década y que estaban detenidos sin fianza durante sus procesos de deportación.
El fallo es de cumplimiento obligatorio en todo el Quinto Circuito, que incluye Texas, Luisiana y Misisipi.
Por Qué Importa Este Caso
Desde 2025, el gobierno ha tratado a las personas que entraron al país sin inspección, incluso a quienes han vivido aquí por muchos años, como “solicitantes de admisión” bajo la sección 1225(b)(2)(A) del título 8 del Código de Estados Unidos. Bajo esa interpretación, adoptada en Matter of Yajure Hurtado y confirmada como asunto legal en Buenrostro-Mendez v. Bondi, esas personas quedaban sujetas a detención obligatoria sin posibilidad de una audiencia de fianza, sin importar cuánto tiempo llevaran viviendo en el país.
El Quinto Circuito no revocó esa interpretación legal. En cambio, determinó que la Constitución exige una audiencia sin importar lo que diga la ley. Como lo expresó la corte, citando la decisión de la Corte Suprema en Zadvydas v. Davis, la Cláusula del Debido Proceso protege a “todas las personas dentro de Estados Unidos, incluidos los extranjeros, ya sea que su presencia aquí sea legal, ilegal, temporal o permanente”.
Las Personas Detrás del Caso
Los tres hombres en este caso compartían características importantes. Cada uno había entrado al país hace más de diez años. Ninguno tenía antecedentes penales. Cada uno era padre de hijos ciudadanos de Estados Unidos, y cada uno había solicitado o tenía la intención de solicitar la cancelación de deportación.
Las cortes de distrito les habían concedido el recurso de habeas corpus y ordenado su liberación. El gobierno apeló, y el Quinto Circuito confirmó las decisiones.
La Nueva Regla: Un Límite de 90 Días
El centro de la decisión es un plazo claro. El gobierno puede detener a una persona bajo la sección 1225(b)(2)(A) por un máximo de 90 días. Después de ese punto, debe otorgar una audiencia de fianza.
En esa audiencia, la carga recae sobre el gobierno. Debe presentar una justificación individualizada para mantener detenida a la persona, como demostrar que representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad. No basta con ser indocumentado. La corte dejó abierta la posibilidad de que el gobierno ofrezca otras justificaciones, pero dejó claro que la detención no puede continuar simplemente por el estatus migratorio de una persona.
Presencia y Residencia, No Estatus
Una parte clave del razonamiento de la corte fue que la protección constitucional depende de la presencia física y de los vínculos establecidos con el país, no del estatus formal de admisión. La corte distinguió la decisión de la Corte Suprema en DHS v. Thuraissigiam, que involucró a una persona detenida a solo 25 yardas de la frontera, poco después de cruzar. Ese razonamiento, explicó la corte, no se extiende a las personas que han vivido cientos de millas dentro del país durante años. La residencia de largo plazo, dijo la corte, no puede borrarse mediante una reclasificación administrativa.
Lo Que Este Fallo No Hace
La decisión tiene límites importantes. No detiene ni afecta el proceso de deportación en sí. No aplica a las personas detenidas bajo la sección 1226(c), que rige a ciertas personas con antecedentes penales. Y si se emite una orden de deportación, la detención vuelve a ser obligatoria bajo una disposición separada, la sección 1231(a)(2)(A).
La decisión también recibió un fuerte voto disidente del juez Wilson, quien habría mantenido la detención. Hay una pregunta relacionada pendiente ante la Corte Suprema en el caso Genalo v. Black, donde la Corte aceptó revisar el caso el 15 de junio de 2026. Esto significa que esta área de la ley aún podría cambiar, y el alivio que ofrece este fallo podría reducirse en apelación.
Qué Significa Esto Para Usted
Si usted o un ser querido está detenido bajo la sección 1225(b)(2)(A), ha vivido en Estados Unidos por un tiempo considerable y no tiene antecedentes penales, este fallo podría abrir un camino hacia una audiencia de fianza y una posible liberación. Factores como la residencia de largo plazo, tener hijos ciudadanos de Estados Unidos, la ausencia de antecedentes penales y la elegibilidad para alivios como la cancelación de deportación son ahora significativos y vale la pena documentarlos cuidadosamente.
Debido a que esta es un área del derecho que cambia rápidamente, es importante actuar con la orientación de un abogado de inmigración con experiencia que pueda evaluar su situación específica y el estado actual del fallo.
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Fuentes
- Sosnava Rodriguez v. Ortega, No. 26-50183 (consolidado con Nos. 26-50219, 26-50221) (5th Cir. 2 de julio de 2026).
- Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678 (2001).
- Demore v. Kim, 538 U.S. 510 (2003).
- DHS v. Thuraissigiam, 591 U.S. 103 (2020).
- Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976).
- Jennings v. Rodriguez, 583 U.S. 281 (2018).
- Buenrostro-Mendez v. Bondi, 166 F.4th 494 (5th Cir. 2026).
- Matter of Yajure Hurtado, 29 I. & N. Dec. 216 (BIA 2025).
- Carlson v. Landon, 342 U.S. 524 (1952).
- Foucha v. Louisiana, 504 U.S. 71 (1992).
- Genalo v. Black, No. 25-886, 2026 WL 1718025 (U.S. revisión concedida el 15 de junio de 2026).
- 8 U.S.C. secciones 1225(b)(2)(A), 1226(c) y 1231(a)(2)(A).
